La falta de regulación de los PBM ha sido señalada como un factor que encarece los medicamentos y limita la transparencia en los costos.

Reactivan intentos para regular a intermediarios de medicamentos

A pesar de que la gran mayoría de la población en Puerto Rico cuenta con un plan médico, en ocasiones los pacientes pueden encontrar que adquirir algunos medicamentos en la farmacia puede costar menos si decide pagarlo de su bolsillo.

Detrás de esta aparente contradicción en los precios hay razones, como la estructura del plan, los deducibles y los acuerdos de los administradores de beneficios de farmacia (PBM, por sus siglas en inglés), cuya operación ha sido objeto de controversia en el sector de salud.

Los PBM sirven como intermediarios entre aseguradoras, farmacias y fabricantes de medicamentos, gestionando cómo se cubren y pagan los fármacos bajo un plan médico. Estos negocian precios y descuentos con farmacéuticas, establecen listas de medicamentos cubiertos (formularios) y determinan cuánto paga el paciente.

El presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Oscar Morales, sostuvo que la falta de regulación de los administradores de beneficios de farmacia (PBM) ha permitido prácticas que impactan directamente el costo de los medicamentos en la Isla.

“La ausencia de regulación nos ha traído un serio problema en Puerto Rico. Por ejemplo, los medicamentos de diabetes han subido los precios y esto ha traído unas repercusiones que no tenemos control. Hoy día, el paciente no tiene donde ir a quejarse con relación a un mal manejo o a una situación de un PBM”, dijo.

Señaló, además, la falta de transparencia en la operación de estos intermediarios, al indicar que no divulgan con claridad sus márgenes ni cómo se determinan los precios.

“Hacen lo que les da la gana”, sostuvo Morales, al insistir en la necesidad de establecer controles más estrictos sobre la industria.

La presidenta de la Asociación de Farmacias de la Comunidad, Linda Ayala, aclaró que ni siquiera las farmacias se benefician económicamente de la venta de la mayoría de estos medicamentos.

“Los PBM nos pagan por debajo del costo de los medicamentos. Eso, con el tiempo, representa pérdidas que afectan la operación y ponen en riesgo el acceso del paciente”, mencionó Ayala.

Confirmó que la mayoría de las ganancias provienen de otras ventas en la farmacia, que incluyen medicamentos sin receta (over the counter, OTC) y otros productos.

De acuerdo con un paciente hipertenso con el que conversó EL VOCERO —y cuyas facturas fueron revisadas por este medio— se evidenció que, tras expirar su receta, optó por adquirir su dosis habitual de Losartán sin utilizar su plan médico. Para su sorpresa, el costo sin cubierta fue de $11.99 por tres meses, mientras que la misma dosis ascendía a $43.99 al procesarse a través del plan médico. Igual situación experimentó con el Metoprolol, cuyo costo sin cubierta por tres meses ascendió a $14.99 y con el plan médico el deducible es de $46.89.

Ayala sostuvo que la manera en que los PBM generan ingresos es mediante “spread pricing” y rebates de farmacéuticas, pero no siempre comparten esos beneficios con las farmacias. Enfatizó que, éticamente, el farmacéutico del establecimiento no puede intervenir en el proceso de compra y sugerir alternativas que podrían tener otros precios, a menos que el propio paciente pida información.

“La farmacia no puede decir ‘no lo pases por la aseguradora, yo te lo doy a $20’; tiene que ser a petición del paciente. La farmacia puede orientarlo y dejar que el paciente decida”, explicó, debido a que la industria está altamente regulada.

“A veces, ellos quisieran decirles porque saben que le sale mejor comprándolo directo. Pero no pueden, sería ilegal”, añadió.

“No estamos hablando de que no ganen dinero. El problema es que no pueden estar por la libre como están ahora”, expresó Víctor Ramos, secretario de Salud.

A pesar de esto, explicó que las farmacias aceptan contratos con los PBM porque, en la práctica, son necesarios para mantenerse dentro de las redes de seguros y poder atender a los pacientes cubiertos por esos planes.

Esfuerzos de regulación

Mientras la mayoría de los estados en los Estados Unidos continentales han regulado la industria de los PBM, Puerto Rico sigue rezagado, tras varios esfuerzos infructuosos.

Aunque en el 2020 se aprobó la Ley 82-2019 para regularlos, su implementación fue impugnada por la Junta de Control Fiscal (JCF), que alegó posibles conflictos con jurisdicción federal y un impacto fiscal no sustentado.

El caso llegó a los tribunales y la medida no fue derogada, sino que permanece congelada a la espera de información adicional requerida. A raíz de esto, los senadores Morales y Ada Álvarez Conde radicaron el Proyecto del Senado 656, que busca legislar nuevamente para regular a los PBM, en caso de que no se logre poner en vigor la Ley 82.

Aunque fue aprobada en el Senado en el 2025, aún no se ha atendido en la Cámara de Representantes.

Por su parte, el secretario de Salud, Víctor Ramos, indicó que tienen en agenda reuniones con la JCF para impulsar que se ponga en vigor la ley ya aprobada.

“Nosotros tenemos un acuerdo de cuatro puntos trabajando con la Junta, pero siempre estamos hablando de las dos leyes que tienen en ‘stay’ (detenidas) que, a mi entender, lo están irracionalmente, tanto la Ley 82 y la Ley 138, que es la de redes abiertas. Yo entiendo que no conlleva un costo y que no hay razón para tenerla en ‘stay’”, expresó Ramos.

El secretario explicó, además, que el presidente de Estados Unidos había firmado una ley que regula parcialmente a los PBM, y uno de los argumentos de la JCF contra los proyectos en Puerto Rico era que la medida podría entrar en conflicto con la jurisdicción federal y poner en riesgo fondos federales. Sostuvo que, sin embargo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió posteriormente que este tipo de regulación de los PBM es un asunto estatal, por lo que ese argumento queda sin efecto.

Añadió que, tras esa decisión, ya no existe el riesgo planteado por la Junta para justificar la paralización de la ley.

“Seguiremos haciendo las gestiones tanto nosotros como con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), con la Asociación de Farmacias de la Comunidad y con distintas organizaciones para lograr que haya una regulación correcta. No estamos hablando de que no ganen dinero. El problema es que no pueden estar por la libre como están ahora”, puntualizó el funcionario.

Esta gestión va a tono con una de las metas establecidas por la gobernadora Jenniffer González, de acuerdo con su plan de gobierno, quien a su vez enfatizó que favoreció la regulación de los PBM desde que fungía como legisladora.

Sobre lo planteado, Ana Rivera López, VP de Legal y Cumplimiento de Abarca Health, uno de los PBM con presencia en la Isla, respondió a las críticas señalando que los PBM son empresas reguladas con múltiples auditorías estatales y federales.

Insistió en que la empresa siempre ha respaldado medidas que aumenten la transparencia en los precios de los medicamentos, aunque advirtió que la Ley 82 no necesariamente atiende las causas reales del alto costo, sino que podrían elevar los pagos por dispensación y, en consecuencia, los costos para los pacientes.

“Creemos que cualquier medida debe evaluarse cuidadosamente para asegurar que realmente beneficie al paciente. Regulaciones que aumentan costos en un punto de la cadena, sin atender las causas estructurales del alto precio de los medicamentos, pueden terminar encareciendo el sistema sin mejorar el acceso ni la asequibilidad”, enfatizó la ejecutiva.

Las restantes PBM no estuvieron disponibles para reaccionar.

Fuente: ELVOCERO.COM